• No resulta fácil ponerle cifras a la investigación sanitaria. Ni siquiera a nivel europeo encontramos cifras que puedan ser comparables de cara a establecer un ranking de países más o menos comprometidos con el asunto. No obstante, la Comisión Europea señala que España se encuentra entre los países de la UE con mayores niveles de gasto público en I+D sanitaria, además de estar entre los países con mayor número de ensayos clínicos y registrar una actividad destacada en patentes de productos farmacéuticos, biotecnológicos y dispositivos médicos. En el conjunto de la investigación e innovación, España figura como “innovador moderado”, con un rendimiento del 89,2% de la media de la UE en el European Innovation Scoreboard 2023.
  • En España, la principal vía estatal para financiar la investigación biomédica y sanitaria es la Acción Estratégica en Salud (AES), gestionada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En 2024 se destinaron 296 millones de euros a I+D+i biomédica y sanitaria, un 12% más que en 2023. De esa cantidad, 173 millones correspondieron a las convocatorias ordinarias de proyectos y recursos humanos, y otros 123 millones a unidades de investigación clínica, medicina de precisión, enfermedades raras, ELA y redes cooperativas.
  • Para 2026, la dotación de la AES supera los 152 millones de euros exclusivamente de fondos públicos estatales, un 36% más que en 2018. A septiembre de 2026, el MICIU había anunciado además 75,2 millones para 399 proyectos de investigación en salud y 45,3 millones para contratos y otras ayudas; incorporando otras convocatorias e infraestructuras vinculadas a la AES, la inversión prevista alcanza al menos 232 millones de euros.
  • Estas cifras deben distinguirse del gasto sanitario público general. El Ministerio de Sanidad sitúa el gasto sanitario público total en 101.739 millones de euros en 2024, pero la mayor parte se destinó a asistencia, personal y servicios hospitalarios, por lo que no puede considerarse inversión en investigación. De hecho, los servicios hospitalarios y especializados representaron el 62,1% del gasto sanitario público, mientras que las comunidades autónomas gestionaron el 93,6% del gasto sanitario.
  • También hay que poner la investigación sanitaria en el contexto del conjunto de la I+D española. Según el INE, España gastó 23.931 millones de euros en I+D interna en 2024, equivalentes al 1,50% del PIB. Las administraciones públicas ejecutaron directamente 4.565 millones, el 19,1% del total, mientras que la Administración Pública aportó el 38,6% de la financiación total de la I+D. Estas cifras incluyen todos los ámbitos científicos, no únicamente la investigación sanitaria.
  • En resumen, los datos oficiales muestran que la investigación sanitaria recibe cientos de millones de euros anuales de financiación pública estatal, canalizados principalmente mediante el ISCIII, además de otras inversiones como el PERTE Salud de Vanguardia, que había alcanzado 2.481 millones de euros de inversión pública a abril de 2025. Por tanto, no existe una única cifra oficial que represente toda la inversión pública española en investigación sanitaria: hay que sumar distintos programas y distinguir entre financiación de investigación, infraestructuras, innovación y gasto asistencial.
  • ¿Este dinero va a parar a los proyectos más necesarios? En principio debería ser así. En la principal vía estatal, la Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII, las ayudas se conceden, con carácter general, mediante concurrencia competitiva: los investigadores presentan proyectos y estos son evaluados por expertos científicos.
  • Hay, pues, una lógica de asignación bastante definida, aunque eso no implica que el sistema sea perfecto ni que todo el dinero termine necesariamente en los proyectos que posteriormente produzcan los mejores resultados. Hay decisiones sobre prioridades, disponibilidad presupuestaria y evaluación científica, y los proyectos que no alcanzan determinados umbrales pueden quedar fuera. Por ejemplo, en los proyectos clínicos de 2026 se establecen mínimos específicos en calidad, viabilidad y adecuación a los objetivos de la convocatoria.
  • Pero, como dijimos, no todo es financiación del Gobierno Central. También es importante la financiación autonómica, fondos europeos, y otras vías de financiación que tienen sus propios procedimientos. Por tanto, para saber si el conjunto del dinero público destinado a investigación sanitaria está bien orientado, habría que analizar también qué se financia, cuánto recibe cada área y qué resultados obtiene.
  • En la Asociación española por la Igualdad de género «Genus Aequalitatem» opinamos que la gestión de esa financiación debería mejorar. Son muchos los millones de euros que se destinan a investigación y son pocos los resultados que se obtienen. Solo tenemos que recordar que todos los investigadores españoles juntos no fueron capaces de sacar al mercado una vacuna anticovid.

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