Cuando un niño de nueve años muere a manos de un asesino que ha cumplido pena de cárcel por agresión sexual y asesinato, el sistema está fallando. Podemos ser las madres y padres de la próxima víctima del siguiente violador asesino que la Justicia de este país ponga en la calle. Podemos ser Alex, el niño que jugaba en un parque cuando el asesino y violador Francisco Javier Almeida López de Castro lo eligió para acabar vilmente con su vida.
El asesino del pequeño Alex se llama Francisco Javier Almeida López de Castro, de 54 años y, era un vecino de Lardero recientemente puesto en libertad. En Lardero no sabían que este individuo tenía antecedentes por agresión sexual en 1993, por la que se le sentenció a siete años de prisión, y por asesinato y agresión sexual, en agosto de 1998 en el conocido como «crimen de la inmobiliaria», por el que fue sentenciado a 30 años de prisión.
El asesino Almeida tuvo suerte con la Justicia en sus dos condenas:
-En la primera condena por agresión sexual, fechada en 1993, sólo estuvo cuatro años en prisión de los siete a los que le condenaron. Le perdonaron tres años.
–En la segunda condena por asesinato y agresión sexual, El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja le impuso, tras confirmar la decisión del jurado, 30 años de prisión: 20 por asesinato con alevosía y otros 10 años por agresión sexual. Salió de la cárcel en abril de 2020, tras cumplir 23 de los 25 años que se le impusieron. Le perdonaron dos años.
En la cárcel las cosas le fueron bien. Era considerado un preso de confianza. Incluso tenía un trabajo. Tanto cariño le tenían que lo llevaron al hospital cántabro de Marqués de Valdecillas para hacerle el arreglo que precisaba para violar más y mejor. Almeida fue sometido a un tratamiento para la impotencia en el hospital cántabro Marqués de Valdecillas. El señor Revilla, presidente de Cantabria, debería explicarnos a los contribuyentes de este país por qué en su Comunidad Autónoma se pagan tratamientos para la impotencia a los violadores. Pero seguro que el Presidente de Cantabria no nos explica nada. Calla. Como callan los políticos y los jueces que permiten que los violadores y asesinos de mujeres y niños paseen por nuestras calles buscando a su siguiente víctima. ¿Cuándo van a hacer caso a los informes psicológicos que dicen que los violadores asesinos no se reinsertan?… ¿Cuándo van a legislar para castigar sus delitos con una cadena perpetua?…
El asesino Almeida, igual de todos los de su calaña, buscó pronto a su siguiente víctima. Se estableció en Lardero, una zona residencial nueva muy próxima a Logroño. Nadie lo controlaba. La policía no fue avisada de que tenían un asesino suelto y al acecho. ¿Y qué decía su última sentencia condenatoria? La sentencia indica que Almeida «no presentaba patología psiquiátrica ni alteración mental». Es decir, estaba muy bien preparado para volver a violar y matar.
El violador y asesino Francisco Javier Almeida era un preso «tranquilo y disciplinado» que tenía buena relación con los funcionarios y que siempre pasó desapercibido. En las más de dos décadas que estuvo en prisión no protagonizó ningún altercado. Su comportamiento en la cárcel estaba en la línea del comportamiento de la mayoría de violadores. Los funcionarios que lo trataron reconocen que también era «frío» y en muchas ocasiones parecía estar «ausente». Su cabeza andaba trajinando nuevas violaciones. Sólo necesitaba estar fuera de las paredes de la cárcel dar rienda suelta a su instinto depredador de mujeres.
Tan bien tratan los jueces y los políticos a los violadores asesinos que este individuo disfrutó de 38 permisos penitenciarios que comenzaron en 2013. No nos informaron si durante esos permisos el asesino Alemida se dedicaba a violar mujeres, niñas y niños.
¿Cómo salen estos asesinos a la calle? nos preguntamos. Desde 2017, hay funcionarios de las cárceles facultados para controlarles y certificar que cumplen las condiciones que el juez les impone al abrirles la puerta del penal. Desempeñan estas funciones de manera voluntaria. No están regulados en la relación de puestos de trabajo. Su tarea es hacer el seguimiento junto a psicólogos o trabajadores sociales.
El Gobierno es conocedor de estas deficiencias en el proceso de puesta en libertad de presos peligrosos. El propio Ministerio del Interior reconoció que los agentes que revisan estas libertades no existen, a pesar de que hay un protocolo específico de trabajo. Lo hizo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tras recibir una queja alertando de esta situación. Fue a finales de 2019. El Ministerio admitió que la figura no estaba reglada pese a ser muy necesaria. La puesta en libertad de presos peligrosos se hace alegremente. Después vienen las consecuencias. La administración penitenciaria se lava las manos.
Así nos preguntamos cómo le dieron el tercer grado al asesino del pequeño Alex. El asesino violador Francisco Javier Almeida pudo acceder al tercer grado en 2017, cuando tenía cumplidas las tres cuartas partes de la condena que la Audiencia de La Rioja le impuso por asesinar con alevosía a la empleada de una inmobiliaria en 1998. La legislación estaba de su parte: 19 años en la cárcel, buen comportamiento y excelente comportamiento en prisión. En cambio, la junta de tratamiento de la prisión de El Dueso (Cantabria) no era favorable a la puesta en libertad del recluso. El comité no se fiaba ni de su recuperación ni de su reinserción, tal como revelaron fuentes penitenciarias. Lamentablemente, acertaron. Instituciones penitenciarias ponían en la calle al hombre que mataría a Alex, tras engañarlo en el parque.
El Ministerio del Interior tomó otra medida que favoreció al asesino del niño de La Rioja. Con carácter general, se dispuso que todos los internos en tercer grado no regresaran a los centros penitenciarios. El confinamiento que impuso el Covid-19 el 16 de marzo de 2020 puso más fácil al asesino Almeida la búsqueda de su siguiente víctima mortal.
Hay violaciones y asesinatos que se podrían haber evitado si los jueces tomaran las decisiones correctas. El cambio de régimen penitenciario lo decide el juez, tras leer el informe de la junta de tratamiento penitenciario, de la que forman parte médicos y psicólogos. El asesinato del pequeño Alex se pudo haber evitado. Sólo hacía falta que el juez que lo puso en libertad le hiciera un poquito de caso al informe negativo que le había pasado la junta de tratamiento penitenciario.
Por eso, en la Asociación Española por la Igualdad de Género «Genus Aequalitatem» le pedimos a los jueces que no pongan en libertad a reos que saben que van a volver a delinquir. No queremos más mujeres, niñas y niños violados y asesinados. No queremos más familias rotas.
El Consejo General del Poder Judicial, que en el pasado se mostró contrario al endurecimiento de las penas a asesinos y violadores, debería salir de su zona de confort y escuchar a la ciudadanía. Controlen a sus jueces. El Consejo General del Poder Judicial debe evitar que sus jueces hagan experimentos en sentencias que abren las puertas de las cárceles a las alimañas que vuelven a matar y violar una y otra vez.
Los políticos de todos los partidos con representación parlamentaria deberían también tomar medidas. Son el poder legislativo. Las mujeres y hombres que hacen las leyes de nuestro país. La Asociación Española por la Igualdad de Género «Genus Aequalitatem» les exige a los legisladores/as un endurecimiento de las condenas a los violadores y asesinos. Pónganse ya a modificar el tercer grado de clasificación penitenciario, que se encuentra regulado en los arts. 74, art. 80 a 88, 100 a 104, 165 a 167 y 182 del Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Para eso les estamos pagando los sueldos, señores y señoras Diputados/as.